No siempre una ley que tiene apoyo empresarial recoge, al mismo tiempo, el acompañamiento de los sectores sindicales de la actividad. La Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda logró hacerlo y parece regirse por un criterio win-win, en que el todos ganan, incluso el Estado.
Con la sanción del proyecto por unanimidad en el Senado el pasado 24 de febrero -la aprobación en Diputados había sido el 12 de febrero- se espera ahora la reglamentación para que empiecen a regir los plazos para la exteriorización de capitales volcados a la construcción, una de las claves del proyecto.
En cuanto a la generación de empleo en el sector, otro de los objetivos de la ley, fuentes de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) calculan que podría superar el 8% de la masa salarial registrada en la actualidad.
“Estimamos que va a haber un impacto fuerte en el empleo, que para fines del 2021 puede alcanzar 25.000 nuevos puestos” de trabajo, dijeron a El Cronista voceros del sindicato.
A esto habría que adicionar unos 50.000 empleos formales más, que en forma gradual se sumarían a través la construcción de viviendas con recursos públicos.
Es que a la ley se acopla un capítulo muy relevante de Consolidación de Obras de Viviendas Sociales, que “permitirá al Ministerio de Hábitat y Vivienda la reactivación de no menos de 30.000 viviendas sociales que, por distintos motivos, se encuentran paralizadas o a muy bajo ritmo en casi todo el país”, apuntaron desde el gremio que conduce Gerardo Martínez.
Consultados acerca de las perspectivas que abre la ley, desde la UOCRA sostuvieron que “posibilitará una importante reactivación en materia de viviendas privadas, dado que por un lado tiene beneficios que permiten hacer factibles emprendimientos que el Régimen impositivo general no los hacía viables, y en lo que hace a los nuevos capitales blanqueados obliga a que se inviertan en nuevas obras”.
Así, no se trata de un “proceso especulativo sino virtuoso, generando actividad y empleo a través de la construcción de nuevos bienes”, afirman, y por otra parte, generan nuevos ingresos al fisco, tanto al momento de su construcción, como una vez construidos y registrados.
El proyecto de ley recoge propuestas realizadas en conjunto por la Unión Obrera de la Construcción, la Cámara Argentina de la Construcción, la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV) y CEDULA (desarrolladores).
“La ley es una grata noticia y hay muchas expectativas frente al motor que puede significar para los años 2021 y 2022“, señaló Iván Szczech, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).
“La ley es una grata noticia y hay muchas expectativas frente al motor que puede significar para los años 2021 y 2022”, señaló Iván Szczech, titular de la Cámara Argentina de la Construcción
El empresario destacó los dos aspectos centrales de la ley, los incentivos fiscales tanto para personas físicas como sociedades comerciales y el blanqueo de capitales volcados a la construcción.
En cuanto a los incentivos, se destaca la exención del impuesto a los Bienes Personales por el monto aportado a proyectos de inversión, realizados hasta el 31 de diciembre de 2022.
Además, habrá un crédito fiscal para tomar a cuenta del Bienes Personales el equivalente al 1% de las inversiones realizadas en construcción para los próximos dos períodos fiscales.
Por su parte, la exteriorización de capitales (blanqueo) tiene distintas alícuotas de beneficios según el momento de entrada en el régimen. Quienes ingresen en los primeros 60 días, luego de la entrada en vigencia pagarán un 5% de impuesto especial.
Para quienes ingresen 61 y 90 días, la alícuota será de 10% del monto declarado, y entre el día 91 y el fin del proceso, se abonará un 20%.
“A partir de estos incentivos, hoy ya hay desarrolladores que están analizando opciones, en especial para fideicomisos, con lo que la ley daría impulso a la construcción desde el pozo”, señaló Szczech.
Pero también hay algunas voces de alerta. “El volumen de actividad vinculado a estos beneficios también está muy condicionado por la situación económica“, explicó un importante empresario de la construcción.
Y en relación al blanqueo, destacó que se trata de una “buena idea con una mala implementación”. El cuestionamiento viene más que nada por los plazos. “El blanqueo tiene un plazo muy corto para blanquear (tres meses) y costo muy alto“, por lo que habrá que ver cuál terminará siendo el resultado final, precisó la fuente.
El Cronista.
